La Comisión de Prevención Ambiental de Valladolid rechaza aplicar la Mejor Técnica Disponible para ahorrarle a Iberdrola su coste económico, a costa de la salud de todos
En la sesión de hoy, la Comisión de Prevención Ambiental de Valladolid, dependiente de la Junta de Castilla y León y presidida por su Delegado Territorial, ha confirmado el visto bueno a la propuesta de autorización ambiental de la mercantil Energyworks Vit-Vall, S.L., filial de la compañía eléctrica Iberdrola, S.A., para la central térmica que funciona desde 2002 junto a la fábrica de Michelín, al norte de la ciudad de Valladolid.
Se trata de una central de cogeneración de gas natural de 77 megavatios de potencia, que abastece de calor a Michelín y al tiempo produce electricidad para la red general. La actividad de esta central térmica emite cada año cientos de toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx) a la atmósfera de Valladolid, dado que carece de sistemas de depuración de estos gases, en una zona de la ciudad que presenta un problema de contaminación atmosférica ligada a este contaminante, principal responsable de la generación de ozono en verano.
De hecho, entre 2003 y 2007 las dos estaciones de esta central térmica han rebasado casi siempre el valor objetivo para la protección de la salud humana establecido para el ozono, afectando los niveles elevados a los barrios de la zona norte de Valladolid (San Pedro Regalado, Barrio España, Rondilla, La Victoria, Fuente Berrocal, Campus Universitario, Belén.), habitados por decenas de miles de personas.
Ello no ha sido obstáculo para que la Comisión de Prevención Ambiental haya hecho suya la argumentación de Iberdrola, como consta en la página 123 del Acta, de que "la instalación de un quemador de bajo NOx implica la reforma de prácticamente todo el paquete o la sustitución de la turbina actual por una de baja emisión cuyo coste ronda el 50% del valor de la planta actual, haciéndola inviable económicamente".
De esta manera, la propuesta de autorización ambiental, aprobada con el voto en contra del representante de las organizaciones medioambientales, sacrifica el derecho constitucional a la salud al interés económico de una gran empresa privada como Iberdrola, con capacidad económica sobrada para hacerse cargo del coste de la instalación de unos filtros que debieron haber sido incorporados ya en 2000, cuando el Ayuntamiento de Valladolid otorgó la licencia de actividad de la central.
Como consecuencia de la ausencia de filtros, los límites de emisión a la atmósfera propuestos para los óxidos de nitrógeno son más de 20 veces superiores a los asociados a las Mejores Técnicas Disponibles (450 miligramos por metro cúbico, mg/m3, frente a 20 que se consiguen con filtros), y 9 veces superiores a los establecidos por la normativa de grandes instalaciones de combustión para centrales nuevas (50 mg/m3).
Ecologistas en Acción considera inaceptable la actuación de la Comisión de Prevención Ambiental de Valladolid, y espera que la misma sea corregida por la Consejería de Medio Ambiente.
El ozono es un contaminante que provoca por inhalación un incremento de los riesgos de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, especialmente en niños, ancianos y personas con problemas respiratorios crónicos (asma, bronquitis crónica), así como el agravamiento de patologías cardiovasculares. Según la Comisión Europea, la contaminación por ozono causa en España 2.000 fallecimientos prematuros al año.
jueves, 30 de octubre de 2008
lunes, 20 de octubre de 2008
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PIDE EL CESE INMEDIATO DE LA CONSEJERA DE MEDIO
Nota de prensa, 17-10-08
La situación de la Consejería de Medio Ambiente es insostenible, con su titular y el Director General de Medio Natural imputados en el caso de Las Navas del Marqués
Ante la solicitud realizada por el Fiscal Jefe de Ávila de que se impute la comisión de un delito de prevaricación a la Consejera de Medio Ambiente y Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, por su intervención en el escándalo urbanístico de Las Navas del Marqués, la Federación Ecologistas en Acción Castilla y León, integrada por 16 grupos ecologistas de la región, pide públicamente su cese inmediato, y reclama la misma medida para su Director General de Medio Natural, José Ángel Arranz Sanz, también imputado por un presunto delito contra el medio ambiente.
Los ecologistas entienden que la situación de la Consejería de Medio Ambiente es insostenible, con sus máximos responsables implicados en actuaciones presuntamente delictivas, como consecuencia de una acción política que sistemáticamente ha supeditado el medio ambiente a intereses económicos espurios. El caso de Las Navas del Marqués es el ejemplo más notorio y conocido de la confusión entre intereses públicos y privados que ha caracterizado la acción pública de la todavía Consejera de Medio Ambiente, promoviendo y/o alentando operaciones inmobiliarias especulativas en espacios naturales protegidos.
En el caso de Las Navas del Marqués por el que se solicita su imputación, hay que recordar que se investiga la aprobación de la urbanización de 210 hectáreas de terrenos integrantes del Lugar de Importancia Comunitaria "Cuenca de los ríos Alberche y Cofio", la Zona de Especial Protección para las Aves "Encinares de los ríos Alberche y Cofio" y los ámbitos de los Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León, afectando a un Área Crítica para esta última especie, que fue modificada para acomodar el proyecto.
Pero el protagonismo de la Consejera es indudable en otros escándalos similares como el proyecto de una estación de esquí alpino en el puerto de San Glorio (León), que ha recibido de momento 3 sentencias judiciales contrarias, la aprobación de una macrourbanización en un paraje natural de Soria, bautizada pomposamente como "Ciudad del Medio Ambiente", o la declaración de Proyecto Regional del Parque de Ocio de Arlanzón (Burgos), que prevé la edificación de un hotel, un campo de golf y 640 viviendas en 190 hectáreas de terrenos parcialmente catalogados como Monte de Utilidad Pública.
María Jesús Ruiz ha destacado también por su "creatividad legislativa", promoviendo directa o indirectamente la aprobación de leyes regionales para pasar por encima de las resoluciones judiciales que le resultaban desfavorables, como ha sido el caso de la mencionada "Ciudad del Medio Ambiente" (hoy en el Tribunal Constitucional), o del vertedero industrial de Fresno de la Ribera (Zamora).
En opinión de los ecologistas, la imputación de responsabilidad penal por la destrucción de parte de un Espacio Natural protegido y una Área Crítica para la conservación de la Cigüeña Negra inhabilita a María Jesús Ruiz como máxima responsable de la preservación del medio ambiente en la Comunidad Autónoma, cargo del que debería ser cesado de forma inmediata. No sería entendible que el Presidente de la Junta de Castilla y León mantuviera en su responsabilidad a una persona acusada de haber dañado delictivamente a espacios naturales y especies protegidas.
La situación de la Consejería de Medio Ambiente es insostenible, con su titular y el Director General de Medio Natural imputados en el caso de Las Navas del Marqués
Ante la solicitud realizada por el Fiscal Jefe de Ávila de que se impute la comisión de un delito de prevaricación a la Consejera de Medio Ambiente y Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, por su intervención en el escándalo urbanístico de Las Navas del Marqués, la Federación Ecologistas en Acción Castilla y León, integrada por 16 grupos ecologistas de la región, pide públicamente su cese inmediato, y reclama la misma medida para su Director General de Medio Natural, José Ángel Arranz Sanz, también imputado por un presunto delito contra el medio ambiente.
Los ecologistas entienden que la situación de la Consejería de Medio Ambiente es insostenible, con sus máximos responsables implicados en actuaciones presuntamente delictivas, como consecuencia de una acción política que sistemáticamente ha supeditado el medio ambiente a intereses económicos espurios. El caso de Las Navas del Marqués es el ejemplo más notorio y conocido de la confusión entre intereses públicos y privados que ha caracterizado la acción pública de la todavía Consejera de Medio Ambiente, promoviendo y/o alentando operaciones inmobiliarias especulativas en espacios naturales protegidos.
En el caso de Las Navas del Marqués por el que se solicita su imputación, hay que recordar que se investiga la aprobación de la urbanización de 210 hectáreas de terrenos integrantes del Lugar de Importancia Comunitaria "Cuenca de los ríos Alberche y Cofio", la Zona de Especial Protección para las Aves "Encinares de los ríos Alberche y Cofio" y los ámbitos de los Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León, afectando a un Área Crítica para esta última especie, que fue modificada para acomodar el proyecto.
Pero el protagonismo de la Consejera es indudable en otros escándalos similares como el proyecto de una estación de esquí alpino en el puerto de San Glorio (León), que ha recibido de momento 3 sentencias judiciales contrarias, la aprobación de una macrourbanización en un paraje natural de Soria, bautizada pomposamente como "Ciudad del Medio Ambiente", o la declaración de Proyecto Regional del Parque de Ocio de Arlanzón (Burgos), que prevé la edificación de un hotel, un campo de golf y 640 viviendas en 190 hectáreas de terrenos parcialmente catalogados como Monte de Utilidad Pública.
María Jesús Ruiz ha destacado también por su "creatividad legislativa", promoviendo directa o indirectamente la aprobación de leyes regionales para pasar por encima de las resoluciones judiciales que le resultaban desfavorables, como ha sido el caso de la mencionada "Ciudad del Medio Ambiente" (hoy en el Tribunal Constitucional), o del vertedero industrial de Fresno de la Ribera (Zamora).
En opinión de los ecologistas, la imputación de responsabilidad penal por la destrucción de parte de un Espacio Natural protegido y una Área Crítica para la conservación de la Cigüeña Negra inhabilita a María Jesús Ruiz como máxima responsable de la preservación del medio ambiente en la Comunidad Autónoma, cargo del que debería ser cesado de forma inmediata. No sería entendible que el Presidente de la Junta de Castilla y León mantuviera en su responsabilidad a una persona acusada de haber dañado delictivamente a espacios naturales y especies protegidas.
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